Após tentativa de retomada de terras invadidas pela Bennetton
A la represión que se produjo el marte 10 de enero contra los mapuches que tomaron campos de Benetton se le suma, un día después, un nuevo hecho de violencia policial.
(fotos gentileza FM Alas y Cholila On Line)
“A eso de las 20 entró nuevamente la infantería a la comunidad, no sabemos si hay un juez que dio la orden o qué. Hay un herido de gravedad en el cuello”, denunció Soraya Maicoño, vocera de prensa del Lof mapuche en Resistencia Cumashen, en conversación con Veintitrés desde acampe frente a los tribunales de Esquel, donde se registraban en horas de la noche del miércoles movimientos de Gendarmería y policía provinical que hacen temer una nueva represión.
La Agencia de Noticias Redacción (ANRed) confirmó que el nombre del herido es Fausto Emilio Johnny Huala y fue herido por una bala de plomo. Fue trasladado al hospital de Lago Puelo, luego de un larga espera ya que no llegaba la ambulancia. Además, hay otro herido en el Hospital de El Maitén con lesiones de perdigones en la cara.
La vocera de la comunidad relató que estuvieron todo el día frente a los tribunales reclamando la libertad de quienes habían sido detenidos el martes 10 de enero y que hubo maltratos. “A una de las compañeras detenidas, Ivana Huetelaf los gendarmes le dieron durísimo, la molieron a golpes. Esto parece la época de la dictadudra, no nos querían decir dónde estaban los detenidos”.
Las brutales represiones ejecutadas por gendarmería y la policía de la provincia de Chubut contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen se hace ante la ausencia de los medios. Y ante ausencia del personal del juzgado federal que ordenó el allanamiento. La primera de las represiones sucedió durante la misma jornada en la que debutó la policía de la Ciudad reprimiendo a los manteros e hiriendo en la pierna y el codo al fotógrafo de Crónica Rubén Paredes.
Según denuncian las comunidades mapuche, hubo “terrorismo de Estado”: el martes 10 cientos de gendarmes y policías que golpearon y maltrataron a hombres, mujeres y niños, asustando a los animales y destruyendo casas y huertas. Detuvieron a diez integrantes de la comunidad. Con un acampe en las puertas de los tribunales federales de Esquel sus familiares y compañeros reclaman su inmediata libertad. Y un día después, se repitió la represión.
A las 22 del miércoles 11, mientras llegaban las noticias de una nueva represión, la justicia federal denegó la excarcelación de Ricardo Antihuel, Nicolás Huala y Ariel Mariota Garzi, que permanecen detenidos en la Unidad Nº 14 del Servicio Penitenciario Federal de Esquel. José Luis Buchili, Ivana Huetelaf, Jaime Gustavo, Daniela González, Javiera Huencapan, Javier Huechupan Ruiz y Pablo y Gonzalo Seguí permanece en la comisaría 1era de esa ciudad.
El operativo de martes fue realizado por Gendarmería y policía provincial: participaron 21 móviles de ambas fuerzas, incluidos por lo menos dos colectivos, un camión hidrante, un camión de carga, un helicóptero, caballos, drones y numerosos furgones y camionetas. Cientos de efectivos con escudos, cascos y armas largas contra 20 familias.
Para accionar, la Gendarmería garantiza la impunidad de sus hombres. Para eso, cercó toda la zona con un vallado de 4 kilómetros a la redonda impidiendo la presencia de trabajadores de prensa en el lugar de los hechos. Ni periodistas ni camarógrafos estuvieron presentes. La aplicación de la “zona determinada para la prensa” propuesta para los medios en el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas” llevada a su absurdo. El corralito es afuera del lugar de los hechos.
La represión del martes
La orden del Juez Federal Guido Otranto fue “al sólo efecto de remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita”. Y aclaró que no incluía orden de detener a nadie ni desalojar el predio. Las cosas se produjeron de otra manera.
“La orden de desalojo de la justicia federal fue operativizada con una desproporción de fuerzas escalofriante. No eran más de 20 personas cortando las vías. Fueron cientos de gendarmes de los cuerpos de elite. Golpearon, maltrataron y dañaron casas, huertas y el ganado”, explicó Carlos González Quintana, de la Asamblea Permanente por los Derecho del Hombres (APDH).
Las tierras por donde pasa La Trochita fueron recuperadas por la comunidad mapuche que la reclama como propia por sus derechos ancestrales. Como la Comuna de Pie de El Bolsón, tienen un contrincante de peso, que cuenta con la sumisión de las autoridades : en este caso no es el magnate inglés Joe Lewis sino el multimillonario italiano Luciano Benetton, que los denunció por usurpación, en el mundialmente conocido conflicto por la estancia Leleque de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA. Hasta noviembre pasado funcionó una mesa de negociación entre la empresa de la trochita, la comunidad y el gobierno provinical. Los comuneros reclamaban que el tren, que va de Maitén a Esquel, no pasara por las tierras que ellos ocupan, ya que están en litigio. Pero, denuncian, el gobierno provincial dinamitó las conversaciones.
González Quintana detalló el armado policial y judicial en contra de la comunidad mapuche. “Primero, sitiaron el acceso para que nadie se acerque a apoyar la resistencia. No se permitió el ingreso a los medios de prensa. Luego se produce el segundo hecho investigado por justicia provincial, se origina en un supuesto abigeato, en grado de tentativa, los comuneros salieron en búsqueda de los caballos que se habían disparado por semejante procedimiento. Fueron emboscados”, denunció.
Mientras el abogado defensor de derechos humanos relataba por vía telefónica los acontecimientos, un funcionario del Poder Judicial le pidió que se retire del edificio. González Quintana siguió con la conversación: “Es muy triste todo esto, hicieron intervenir a una fuerza de elite preparada para situaciones donde está en juego la seguridad de la nación para liberar el corte de una vía férrea interrumpida por 20 personas, 8 de ellas mujeres con niños. Es un avance de las fuerzas de seguridad del ministerio de Patricia Bullrich al servicio de magnates poderosos que se están quedando con la Patagonia en perjuicio de comunidades con derechos ancestrales que están luchando por un pedazo de tierra. Causa escalofríos. Hacemos responsables también al gobernador Mario Das Neves. Si siguen deteniendo y golpeando y si finalmente el juicio por usurpación tienen una sentencia favorable, vamos a tener una rebelión en la zona patagónica”.
“La gendarmería avanzó reprimiendo de una manera que se nota que se sienten liberados para actuar por el gobierno nacional, con violencia física psicológica contra nuestra gente” dijo Auka, vocera de la comunidad, en diálogo con Radio Encuentro de Viedma. En esa ciudad, al igual que en Buenos Aires, Córdoba y muchas otras hubo movilizaciones de repudio.
En una entrevista con FM Alas de El Bolsón Mariana Seguí, hermana de dos de los detenidos contó detalles de la violencia. “En el traslado de Maitén a donde los llevaron detenidos al principio a Esquel los golpearon a todos. Tienen que agradecer que estén vivos. A algunos les pasaron balas a la altura del hombro, dispararon balas de plomo. Es un intento de homicidio. Van a querer disimular los balazos porque ellos mismos hacen las pericias. Reprimieron en la puerta del hospital. Fue un cacería de personas “, dijo
Auka detalló uno de los momentos más difíciles. “Las mujeres y niños, corrieron a resguardarse a la ruca, donde hacemos nuestras ceremonias, conversaciones y charlas, se encerraron para resguardarse, 200 gendarmes las rodearon, rompieron todas paredes y entraron por los techos, tiraron gases lacrimógenos. Cuando lograron entrar abrieron un matafuego en la cara nuño de dos años. A otro niño le dieron un palazo en la cabeza. Arrastraron a las mujeres por el campo, las esposaron. Algunas estaban descansando y nos las dejaron vestirse. No puedo entender como personas pueden llegar a actuar de esta forma ante niños y mujeres. Se burlaban de nuestra cultura, agarraban los cultrún que son instrumentos ceremoniales para nosotros y se reían, maltratando a nuestra gente con su actitud represiva.”
“Se demostró una vez más que el estado es terrorista. Imponen el terror al pueblo. Hacemos responsables el gobierno provincial y nacional por lo que nos pueda suceder. Agradecemos a los medios conscientes que acompañan esta lucha digna de un pueblo. No vamos a bajar la guardia contra el capital y neoliberalismo. No nos van a sacar de nuestro territorio. Vamos a seguir llamando a nuestra gente a que se levante. Somos un pueblo ancestral y milenario, vamos a seguir levantándonos. Nos van a tener que sacar muertos de nuestro territorio”.
Este decreto evidentemente elaborado para garantir os interesses dos ruralistas, representa na prática a revogação do decreto 1.775 que há 20 anos regula o tema. Se for colocado em operação irá inviabilizar mais de 80% das terras indígenas no país, cerca de 600 territórios em processo de demarcação reivindicados pelos índios.
