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Após tentativa de retomada de terras em Chubut, repressão brutal aos Mapuche não tem fim

Após tentativa de retomada de terras invadidas pela Bennetton

A la represión que se produjo el marte 10 de enero contra los mapuches que tomaron campos de Benetton se le suma, un día después, un nuevo hecho de violencia policial.

(fotos gentileza FM Alas y Cholila On Line)

“A eso de las 20 entró nuevamente la infantería a la comunidad, no sabemos si hay un juez que dio la orden o qué. Hay un herido de gravedad en el cuello”, denunció Soraya Maicoño, vocera de prensa del Lof mapuche en Resistencia Cumashen, en conversación con Veintitrés desde acampe frente a los tribunales de Esquel, donde se registraban en horas de la noche del miércoles movimientos de Gendarmería y policía provinical que hacen temer una nueva represión.

La Agencia de Noticias Redacción (ANRed) confirmó que el nombre del herido es Fausto Emilio Johnny Huala y fue herido por una bala de plomo. Fue trasladado al hospital de Lago Puelo, luego de un larga espera ya que no llegaba la ambulancia. Además, hay otro herido en el Hospital de El Maitén con lesiones de perdigones en la cara.

La vocera de la comunidad relató que estuvieron todo el día frente a los tribunales reclamando la libertad de quienes habían sido detenidos el martes 10 de enero y que hubo maltratos. “A una de las compañeras detenidas, Ivana Huetelaf los gendarmes le dieron durísimo, la molieron a golpes. Esto parece la época de la dictadudra, no nos querían decir dónde estaban los detenidos”.

Las brutales represiones ejecutadas por gendarmería y la policía de la provincia de Chubut contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen se hace ante la ausencia de los medios. Y ante ausencia del personal del juzgado federal que ordenó el allanamiento. La primera de las represiones sucedió durante la misma jornada en la que debutó la policía de la Ciudad reprimiendo a los manteros e hiriendo en la pierna y el codo al fotógrafo de Crónica Rubén Paredes.

Según denuncian las comunidades mapuche, hubo “terrorismo de Estado”: el martes 10 cientos de gendarmes y policías que golpearon y maltrataron a hombres, mujeres y niños, asustando a los animales y destruyendo casas y huertas. Detuvieron a diez integrantes de la comunidad. Con un acampe en las puertas de los tribunales federales de Esquel sus familiares y compañeros reclaman su inmediata libertad. Y un día después, se repitió la represión.

A las 22 del miércoles 11, mientras llegaban las noticias de una nueva represión, la justicia federal denegó la excarcelación de Ricardo Antihuel, Nicolás Huala y Ariel Mariota Garzi, que permanecen detenidos en la  Unidad Nº 14 del Servicio Penitenciario Federal de Esquel. José Luis Buchili, Ivana Huetelaf, Jaime Gustavo, Daniela González, Javiera Huencapan, Javier Huechupan Ruiz y Pablo y Gonzalo Seguí permanece  en la comisaría 1era de esa ciudad.

El operativo de martes fue realizado por Gendarmería y policía provincial: participaron 21 móviles de ambas fuerzas, incluidos por lo menos dos colectivos, un camión hidrante, un camión de carga, un helicóptero, caballos, drones y numerosos furgones y camionetas. Cientos de efectivos con escudos, cascos y armas largas contra 20 familias.

Para accionar, la Gendarmería garantiza la impunidad de sus hombres. Para eso, cercó toda la zona con un vallado de 4 kilómetros a la redonda impidiendo la presencia de trabajadores de prensa en el lugar de los hechos. Ni periodistas ni camarógrafos estuvieron presentes. La aplicación de la “zona determinada para la prensa” propuesta para los medios en el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas” llevada a su absurdo. El corralito es afuera del lugar de los hechos.

La represión del martes

La orden del Juez Federal Guido Otranto fue “al sólo efecto de remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita”. Y aclaró que no incluía orden de detener a nadie ni desalojar el predio. Las cosas se produjeron de otra manera.

“La orden de desalojo de la justicia federal fue operativizada con una desproporción de fuerzas escalofriante. No eran más de 20 personas cortando las vías. Fueron cientos de gendarmes de los cuerpos de elite. Golpearon, maltrataron y dañaron casas, huertas y el ganado”, explicó Carlos González Quintana, de la Asamblea Permanente por los Derecho del Hombres (APDH).

Las tierras por donde pasa La Trochita  fueron recuperadas por la comunidad mapuche que la reclama como propia por sus derechos ancestrales. Como la Comuna de Pie de El Bolsón, tienen un contrincante de peso, que cuenta con la sumisión de las autoridades : en este caso no es el magnate inglés Joe Lewis sino el multimillonario italiano Luciano Benetton, que los denunció por usurpación, en el mundialmente conocido conflicto por la estancia Leleque de la Compañía de Tierras Sud Argentino SA. Hasta noviembre pasado funcionó una mesa de negociación entre la empresa de la trochita, la comunidad y el gobierno provinical. Los comuneros reclamaban que el tren, que va de Maitén a Esquel, no pasara por las tierras que ellos ocupan, ya que están en litigio. Pero, denuncian, el gobierno provincial dinamitó las conversaciones.

González Quintana detalló el armado policial y judicial en contra de la comunidad mapuche. “Primero, sitiaron el acceso para que nadie se acerque a apoyar la resistencia. No se permitió el ingreso a los medios de prensa. Luego se produce el segundo hecho investigado por justicia provincial, se origina en un supuesto abigeato, en grado de tentativa, los comuneros salieron en búsqueda de los caballos que se habían disparado por semejante procedimiento. Fueron emboscados”, denunció.

Mientras el abogado defensor de derechos humanos relataba por vía telefónica los acontecimientos, un funcionario del Poder Judicial le pidió que se retire del edificio. González Quintana siguió con la conversación: “Es muy triste todo esto, hicieron intervenir a una fuerza de elite preparada para situaciones donde está en juego la seguridad de la nación para liberar el corte de una vía férrea interrumpida por 20 personas, 8 de ellas mujeres con niños. Es un avance de las fuerzas de seguridad del ministerio de Patricia Bullrich al servicio de magnates poderosos que se están quedando con la Patagonia en perjuicio de comunidades con derechos ancestrales que están luchando por un pedazo de tierra. Causa escalofríos. Hacemos responsables también al gobernador Mario Das Neves. Si siguen deteniendo y golpeando y si finalmente el juicio por usurpación tienen una sentencia favorable, vamos a tener una rebelión en la zona patagónica”.

“La gendarmería avanzó reprimiendo de una manera que se nota que se sienten liberados para actuar por el gobierno nacional, con violencia física psicológica contra nuestra gente” dijo Auka, vocera de la comunidad, en diálogo con Radio Encuentro de Viedma. En esa ciudad, al igual que en Buenos Aires, Córdoba y muchas otras hubo movilizaciones de repudio.

En una entrevista con FM Alas de El Bolsón Mariana Seguí, hermana de dos de los detenidos contó detalles de la violencia.  “En el traslado de Maitén a donde los llevaron detenidos al principio a Esquel los golpearon a todos. Tienen que agradecer que estén vivos. A algunos les pasaron balas a la altura del hombro, dispararon balas de plomo. Es un intento de homicidio. Van a querer disimular los balazos porque ellos mismos hacen las pericias. Reprimieron en la puerta del hospital. Fue un cacería de personas “, dijo

Auka detalló uno de los momentos más difíciles. “Las mujeres y niños, corrieron a resguardarse a la ruca, donde hacemos nuestras ceremonias, conversaciones y charlas, se encerraron para resguardarse, 200 gendarmes las rodearon, rompieron todas paredes y entraron por los techos, tiraron gases lacrimógenos. Cuando lograron entrar abrieron un matafuego en la cara nuño de dos años. A otro niño le dieron un palazo en la cabeza. Arrastraron a las mujeres por el campo, las esposaron. Algunas estaban descansando y nos las dejaron vestirse. No puedo entender como personas pueden llegar a actuar de esta forma ante niños y mujeres. Se burlaban de nuestra cultura, agarraban los cultrún que son instrumentos ceremoniales para nosotros y se reían, maltratando a nuestra gente con su actitud represiva.”

“Se demostró una vez más que el estado es terrorista. Imponen el terror al pueblo. Hacemos responsables el gobierno provincial y nacional por lo que nos pueda suceder. Agradecemos a los medios conscientes que acompañan esta lucha digna de un pueblo. No vamos a bajar la guardia contra el capital y neoliberalismo. No nos van a sacar de nuestro territorio. Vamos a seguir llamando a nuestra gente a que se levante. Somos un pueblo ancestral y milenario, vamos a seguir levantándonos. Nos van a tener que sacar muertos de nuestro territorio”.

Sem presença da Funai, índios assumem proteção das terras

Por Ciro Barros / Iuri Barcelos (Agência Pública)

Ações de fiscalização caíram quase 60% de 2011 a 2014; povos que assumiram a tarefa por conta própria sofrem com ataques de madeireiros e invasões garimpeiras

Guajajara assassinados

Cansados de esperar por fiscalizações mais frequentes da Fundação Nacional do Índio (Funai), do Ibama e da Polícia Federal, o povo Guajajara da terra indígena (TI) Arariboia, no Maranhão, resolveu reagir. “A gente resolveu formar uma comissão de lideranças e caciques. Essa comissão achou melhor que a gente tivesse os nossos próprios guardiões da terra, pra gente mesmo defender o nosso território”, conta Suluene Guajajara, uma das lideranças do povo. Esses guardiões Guajajara receberam das lideranças uma missão: percorrer todos os 413.000 hectares do território em busca dos invasores atraídos pelas riquezas naturais, sobretudo a madeira.

Ao protegerem a própria área, os indígenas buscam garantir seu direito de usufruto exclusivo dela, como determina a Constituição. Antes de saírem para a guarda, os índios comunicam à Funai e, ao flagrarem qualquer invasor, o cercam e avisam às autoridades. O risco, porém, os acompanha a cada passo da ronda.

“Os guardiões sofrem muita ameaça. Eles não podem mais fazer compras na cidade, por exemplo. As pessoas que lucram com a exploração das nossas terras ficam falando que vão queimar, vão cortar o corpo dos guardiões. Eles até colocam preço na cabeça dos guardiões: quem matar um leva dez mil reais, 15 mil reais”, diz. A voz de Suluene estremece, os olhos enchem d’água. “A gente vive com muito medo.”

As ameaças de morte já se concretizaram. Só neste primeiro semestre de 2016, quatro Guajajara (Aponuyre, Genésio, Isaías e Assis) foram violentamente assassinados no período de um mês, dois deles a pauladas, e um deles, Aponuyre, tinha apenas 16 anos.

Outro índio assassinado, Assis Guajajara, era um guardião. “Infelizmente isso não é novidade, a gente se acostumou a viver com medo. Em 2007, os madeireiros já tinham matado outro indígena, um senhor da aldeia Lagoa Comprida. E eles nunca pararam de nos ameaçar”, conta. “A Funai vai lá na terra uma vez, faz uma ação, coíbe alguns madeireiros, mas é só a Funai sair que eles voltam. A gente fica oito, dez dias protegidos, mas a Funai vai embora. Os próprios funcionários são ameaçados na estrada pelos madeireiros. E parece que eles são avisados: quando a operação da Funai chega, eles saem e não estão mais lá”, desabafa Suluene.

Queda livre nas fiscalizações

A morte dos Guajajara vem na esteira de um cenário preocupante para os povos indígenas brasileiros: a queda livre nas ações de fiscalização em terras indígenas pela Funai. Segundo o último relatório de gestão do órgão indigenista, em 2011 foram 227 ações de fiscalização e, em 2014, o número caiu para 92 ações, queda vertiginosa de 59%. O relatório aponta uma razão para a redução das ações de fiscalização: a insuficiência de recursos orçamentários, fato que “limita o desempenho das ações da Diretoria de Proteção Territorial no cumprimento de suas atribuições legais, principalmente para a implementação de ações de monitoramento territorial, que têm tido uma expressiva redução nos últimos anos”.

Levantamento realizado pela Pública indica que a redução das ações de fiscalização se encaixam em um quadro mais amplo da dinâmica orçamentária da Funai. Embora o orçamento geral do órgão tenha apresentado leve crescimento nos últimos dez anos, houve uma forte redução da verba destinada às atividades de fiscalização da Funai, que tem a responsabilidade de zelar por uma área indígena equivalente a 13% do território nacional. Em 2015, por exemplo, o que se gastou com fiscalização representa menos da metade do que se gastava há dez anos.

Suluene avalia que a Funai padece de apoio do Estado brasileiro. “A gente que é do movimento indígena sabe que o governo não vem dando condições para que a Funai faça o seu trabalho direito. A Funai não tem funcionários pra conseguir fiscalizar nada. E isso é pelas pressões políticas que eles vêm sofrendo. Mas, enquanto isso acontece, os povos indígenas correm muito risco”, diz a líder Guajajara.

No ano passado, após dois meses seguidos, um incêndio tratado pelos Guajajara como criminoso consumiu mais da metade (53,2%) da TI Arariboia. Os madeireiros são apontados como os principais responsáveis pelo início das queimadas na região. “Nossa caça fugiu ou morreu, e a gente não tem mais como viver de acordo com a nossa cultura”, lamenta Suluene.

Com o incidente, a saúde alimentar e a sustentabilidade dos Guajajara deixou a comunidade em situação delicada. “A terra não consegue mais nos alimentar. E uma das formas que mais ameaça a gente é a alimentação”, diz. Segundo ela, frango da granja, biscoito e refrigerante passaram a ser consumidos pela comunidade. “Agora temos casos de diabetes, hipertensão, câncer. Antes a gente tinha doença espiritual, mas o nosso pajé curava. Só que o nosso pajé não cura um câncer, não cura diabetes”, diz.

Reestruturação pela metade?

A situação relatada pelos índios com a pouca fiscalização do órgão indigenista é um dos nós que colocaram a Funai na berlinda em vários momentos de sua história. Na gestão de Márcio Meira (2007-2012), uma mudança estrutural por meio de dois decretos (7056/2009 e 7778/2012) dividiu opiniões dentro e fora do órgão. “A ideia dos decretos de reestruturação foi um grande esforço de adequar a Funai à Constituição de 1988 e garantir a autonomia indígena”, afirmou Meira.

A mudança na Funai foi recebida à época com ressalvas (e protestos) pelos povos indígenas, movimentos sociais, funcionários e até por ex-presidentes do órgão, sobretudo pela diminuição do número das antigas Administrações Executivas Regionais em comparação às CRs criadas na reestruturação.

A retirada dos postos indígenas das aldeias é criticada pelo ex-presidente da Funai Mércio Gomes (2003-2007). “[A reestruturação] foi péssima porque retirou os postos das terras indígenas. Hoje todo mundo está nas terras indígenas, menos a Funai. Tirar os postos indígenas foi algo completamente absurdo”, critica. “No Mato Grosso, por exemplo, você tem várias Coordenações Técnicas Locais próximas às terras dos Xavante, mas ninguém dentro das terras para coibir os conflitos que ocorrem lá. Essa reestruturação esvaziou a Funai”, avalia.

Meira defende a medida tomada por sua gestão. Ele explica que a reestruturação começou em 2007, com base em um levantamento feito pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e com estudos da própria Funai. “Nós elaboramos uma reforma processual que, lamentavelmente, não pode ser continuada nas gestões posteriores”, avalia.

Para ele, os concursos públicos contínuos eram um passo fundamental na reformulação proposta. “Havia a expectativa de que o Ministério do Planejamento desse continuidade aos concursos a cada ano, o que não aconteceu”, reclama.

O sócio-fundador do Instituto Socioambiental Márcio Santilli, que já presidiu a Funai (1995-1996) na gestão de Fernando Henrique Cardoso, vê “vários méritos” na reestruturação de Meira, mas pondera que os concursos públicos perderam efetividade. “A Funai tem uma enorme dificuldade de basear pessoal nas pontas, especialmente no caso das terras indígenas que, muitas vezes, são áreas remotas”, avalia.

Gustavo Vieira, servidor da Funai e membro do Movimento de Apoio aos Povos Indígenas (Mapi), avalia que a reestruturação do órgão deu novo perfil ao funcionário da Funai, que passou a ser mais “articulador de políticas locais” e menos um agente que “atende demandas diretas do índios”. “O chefe de posto tinha mais ou menos essa função, ou seja, seria uma espécie de ‘cacique branco’, que se relacionava com os índios de uma forma meio assistencialista”, opina.

A despeito das críticas, Vieira vê uma institucionalidade maior do órgão com a reestruturação. “A retirada dos postos avançados de dentro das aldeias e a criação das CTLs nas cidades deram uma articulação melhor dos funcionários da Funai com as prefeituras, com as secretarias municipais e estaduais.”

Lado indígena

Sônia Guajajara, liderança da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), é assertiva sobre a questão: “A reestruturação está só no papel e a Funai só tem se distanciado dos conflitos das terras indígenas”.

Telma Marques, da terra indígena Araçá e membro do Conselho Indígena de Roraima, considera que a Funai passou pela reestruturação para definir várias situações, mas que “falta muita coisa para que haja uma atuação direta com os povos indígenas”.

Segundo ela, a fiscalização é um dos grandes problemas. “Todas as ações dentro das terras ainda são pequenas. Há um contingente mínimo de pessoas para fazer as ações, o que acaba inviabilizando o trabalho da Funai.”

Segundo o último relatório de gestão do órgão, os cortes nas atividades de proteção territorial foram de 50% entre 2008 e 2014. O Governo ainda não regulamentou o poder de polícia da Funai, algo previsto na lei que criou o órgão em 1967. “Hoje não está muito claro o papel da Funai. A gente está vendo que a Funai está sem braço para garantir a segurança dos povos indígenas. Mas enquanto isso a gente é que está sofrendo na pele”, conclui Rosimeire Maria Vieira Teles, do povo indígena Arapaso, da TI Alto Rio Negro.

Para além do debate sobre a reestruturação da Funai e a autonomia indígena, a violência contra esses povos é uma realidade crescente. As pressões a que os povos indígenas estão submetidos são as mais diversas: vão de ameaças de narcotraficantes às de madeireiros, passando pelo garimpo ilegal, a pecuária extensiva e megaempreendimentos públicos e privados (hidrelétricas, estradas, barragens de mineração etc.).

Este vídeo faz parte do especial Amazônia em Disputa. Leia o restante do material aqui.

Programa de proteção já acolheu 133 indígenas

Dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (arquivo 1 e 2) mostram que 38 indígenas estão incluídos atualmente no Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos, mantido pelo governo federal. Outros 43 passam por uma triagem e 15 estão em análise. Ao todo, 133 índios foram acolhidos pelo programa entre 2009-2016.

A situação de insegurança corrobora os relatórios sobre violência contra os povos indígenas elaborado desde 2003 pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Somente em 2014, ano do último levantamento, 138 indígenas foram assassinados no país, número mais alto da história do relatório. A média anual é de 68 assassinatos.

Fonte: El País

O Estado contra o povo Pataxó

Por Renato Santana, Cimi

A fumaça branca encobre o Monte Pascoal, na Bahia. Cabral não veria a fisionomia atlântica do monte, fosse hoje. Algo queima, aos montes, nas proximidades da aldeia Alegria Nova. “São os fazendeiros transformando a floresta em pasto. Vamos ver de cima”, diz o cacique Mandy Pataxó, antes de ajeitar a escada no rumo de uma caixa d’água vazia, uns sete metros acima, posta num tablado de madeira rústica.

Do alto se vê as cercas separando o Parque Nacional do Descobrimento (PND), área de conservação ambiental, de uma fazenda, onde um pedaço de Mata Atlântica queima num incêndio contido – a não ser pela fumaça desgarrada. O parque e a fazenda se sobrepõem à Terra Indígena (TI) Comexatiba, do povo Pataxó, identificada em 2015 pela Fundação Nacional do Índio (Funai). O Monte Pascoal se encontra nos limites da Terra Indígena Barra Velha, também Pataxó.

Embora o governo federal tenha reconhecido como tradicional a terra Comexatiba, antiga Cahy-Pequi, um órgão do próprio governo tem criado impedimentos à permanência dos indígenas na terra, além de fazendeiros e grupos interessados na exploração das áreas para a construção de resorts. O Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental (ICMBio), administrador do Parque Nacional do Descobrimento, tem entrado com sucessivos pedidos de reintegrações de posse contra os Pataxó de Comexatiba.

Em julho do ano passado, o ICMBio ingressou com duas ações de reintegração. Os procuradores do Instituto, vinculados à Advocacia-Geral da União (AGU), alegavam que a Funai não teria publicado o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação do território Pataxó.

A Justiça Federal concedeu as liminares para o despejo sob o argumento de que o órgão indigenista havia pactuado o relatório para dois anos antes. Se o relatório fosse publicado, as liminares seriam suspensas. No dia marcado para as ações de despejo, o Ministério da Justiça publicou o relatório e os Pataxó respiraram aliviados – por pouco tempo.

“O que a gente imaginava é que, finalmente, a Funai tinha cumprido com o acordo e o ICMBio e o Incra [Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária], que também solicitou reintegrações por ter lotes da reforma agrária em nossas terras, não mais nos incomodariam. Que se podia fazer uma gestão envolvendo os Pataxó e o ICMBio, mas não querem conversar com a gente e tentam nos tirar pra viver em Prado, em Cumuruxatiba, como mendigos”, explica Candara Pataxó.

O ICMBio entrou com outras três reintegrações, apenas neste ano. A alegação é de que os Pataxó estariam devastando a porção de Mata Atlântica preservada pelo Parque Nacional do Descobrimento. No entanto, além das queimadas constantes nas fazendas do entorno, é possível constatar outras propriedades utilizando agrotóxicos nos cultivos a poucos metros da fronteira do parque. Há ainda os caçadores, que constantemente circulam no interior da floresta. “O resultado vemos aqui: rios estão secando, nascentes assoreadas, o ciclo da natureza afetado”, diz Zezinho Pataxó.

A TI Comexatiba é uma das 64 áreas de sobreposição, de acordo com levantamento conjunto realizado pela Funai e o ICMBio. No entanto, o presidente do ICMBio, Cláudio Maretti, argumenta que a terra dos Pataxó ainda não está homologada, logo, não pode ser considerada indígena. Justamente por isso Maretti defende as reintegrações de posse, afirmando que o ICMBio vem tentando a retirada pacífica dos Pataxó até a conclusão da demarcação.

Em entrevista ao Instituto Socioambiental (ISA), o professor de direito ambiental Carlos Marés, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), diz que o ICMBio está equivocado. Ele esclarece que, para ser considerada indígena, segundo a Constituição de 1988, a terra não precisa do decreto de homologação. “É um direito que vem da origem. Portanto, a demarcação, ou o reconhecimento público, é apenas o reconhecimento de um direito preexistente”, explica. “A não ser que o Estado diga que os índios não existem e, portanto, não têm território”, disse o professor.

Traindo acordos

Aruã Pataxó, presidente da Federação Indígena das Nações Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia (Finpat) e cacique da aldeia Coroa Vermelha, explica que a mesma situação de conflito com o órgão governamental repete-se na Terra Indígena Barra Velha. Esta outra área Pataxó, em cujo território incide o Parque Nacional Monte Pascoal, passa por um processo de revisão de seus limites. Por isso, no final do mês de fevereiro, entre as diversas atividades em Brasília, os Pataxó participaram de uma reunião no Ministério do Meio Ambiente, onde tentaram a abertura de um diálogo com o governo para a solução do conflito.

“As conversas ocorrem há algum tempo já. O ICMBio não pode alegar que se trata de uma decisão da Justiça e nada pode se fazer quanto a isso. A gente percebe o ICMBio traindo acordos, sem querer avançar no diálogo”, afirma Aruã.

“Olha, eu vim pra essas terras bem antes dessa história de parque, ICM não sei o quê. Expulsaram os mais antigos, e depois voltamos tudo pra cá. Essa aldeia [Alegria Nova] ficava mais pras brenhas da mata. Tá tudo as marca lá pra quem quiser ver. Aqui, nesse pedaço que refez a aldeia que tamo tudo agora, a gente vinha pegar fruta, nossa medicina”, diz dona Amora Pataxó.

No alto dos 64 anos, dona Amora se mostra estafada com as tensões provocadas pelas reintegrações de posse; uma tremedeira agarrada nas mãos negras e calejadas, o coração fraco de tanto bater forte. “Uma filha minha se pegou numa depressão que… só por Deus… ela sai andando por aí. Os meu menino vão atrás dela. Me deixa aqui um neto que não sabe da mãe”, explica dona Amora.

A Pataxó, porém, não sairá de Comexatiba. “Prefiro morrer aqui do que ir pra cidade pedir esmola, viver jogada feito cão sem dono. Meus menino tudo tão entregue pra essa luta”, declara. O depoimento de dona Amora se respalda em sua própria história, naquilo que os antigos lhe passaram e hoje ela conta aos mais jovens.

Duas sobreposições à terra indígena

Em 1820 o príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied chegou ao extremo sul da Bahia e registrou, em fartos relatos, a presença do povo Pataxó entre o litoral e o interior da Mata Atlântica. Segundo esse etnólogo alemão, eles viviam “atrevidos e valentes”, sem “domicílio certo, andam errantes, vivendo da pesca, caça e furtos” (Revista Trimensal de História e Geographia, 1846, p. 442).

Com base nos relatos do príncipe naturalista, a professora e pesquisadora Maria Giovanda Batista demonstra que a redução da Mata Atlântica na região ocorreu conforme os Pataxó, e demais povos indígenas, foram expulsos de suas terras.

Para a professora, que coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas Interculturais e da Temática Indígena da Universidade do Estado da Bahia, em Teixeira de Freitas, “tornou-se possível demonstrar que entre 1951 e o ano 2000 a Mata Atlântica na região caiu de 95% intacta para menos de 3%”. Maria Giovanda complementa: “Em 1951, um grande incêndio (de origem criminosa) expulsou os indígenas (que se dispersaram para outros pontos da mata). Em 1951, a população não indígena era de 23 mil habitantes, espalhados em sete municípios. Isso até 1958.”

A partir dos anos 1960 e até o ano 2000 o crescimento da região é vertiginoso: surgem 21 municípios e a população salta para cerca de 1 milhão de habitantes. Dos 3 milhões de hectares que compõem a região hoje, 2 milhões “estão dominados por meia dúzia de empresas. O eucalipto toma conta de 800 mil hectares e o restante da área é formado por fazendas de gado e, mais ao sul, pela plantação de cana-de-açúcar”.

Pode-se concluir que, além de pelo menos uma dezena de outros povos indígenas, os Pataxó sempre estiveram presentes nas áreas que reivindicam como tradicionais, desde a chegada dos colonizadores. O que também permite perceber que sempre resistiram.

A década de 1970 é repleta de histórias de massacres de famílias que se negavam a sair das margens do Rio Cahy, cuja foz, no Oceano Atlântico, foi o provável cenário do desembarque dos primeiros europeus no Brasil, em 1.500. A indústria madeireira Bralanda é responsabilizada pelo assassinato de famílias inteiras, caso de um grupo que se autodenominava Guató, segundo Zezinho Pataxó. “Eram uns cinco ou seis. Tudo índio. Eu era garoto e lembro que chegava uns cabas da Bralanda e mandava sair. Esses Guató se negaram e foram mortos. Era assim com todo mundo que se negava a sair”, relembra Zezinho.

Dessa forma a Bralanda antecedeu o Parque Nacional do Descobrimento na sobreposição ao território Pataxó. Deve-se também a essa indústria a devastação da Mata Atlântica na região, o que motivou a criação de áreas de preservação ambiental e novas sobreposições, por órgãos estatais ambientalistas. A professora Maria Giovanda ressalta que “o PND foi criado sobrepondo uma outra sobreposição, a antiga Bralanda. Então, o ICMBio tem colocado uma pá de cal sobre uma injustiça com dezenas de famílias que tiveram seus membros assassinados, a partir de 1970, com a Bralanda e outras empresas que começam a expulsar essas famílias na base da violência”.

A família de Bernarda Machado Neves vivia ao sul da margem sul do Rio Cahy, até a expulsão. O cacique Timborana, da aldeia Cahy, ainda era um menino de dez anos. “O fogo era ateado ao sul do Rio Cahy e, ao norte, os Pataxó se refugiaram. O clã de dona Zabelê e seu Manoel, por exemplo, foi recebido pelos indígenas que viviam nessa porção norte”, explica a professora. Jovita Oliveira Pataxó lembra que eles andavam nus em Cumuruxatiba, cidade em que ela vive ao lado dos filhos. “Se pensar bem, isso aqui era tudo dos Pataxó. Foram chegando, chegando [não indígenas, empresas]. Está aí essa luta hoje”, reflete Jovita.

Desde 2003, quando ocorreram as principais retomadas do território então chamado Cahy-Pequi, hoje Comexatiba, os Pataxó já plantaram mais de 20 mil árvores nativas, incluindo o pau-brasil. As roças são feitas ao redor das casas – sem devastar a mata. “Os Pataxó são os maiores especialistas de Mata Atlântica nessa região. Mantiveram-na e, com ela, sustentaram a alimentação, a base da microeconomia – entre a mata e o mar. Estamos gestando mal-entendidos sobre a história ao afirmar que a Mata Atlântica só pode ser preservada sem os Pataxó”, defende Maria Giovanda.

A professora cita ainda a vasta presença indígena na região, que não compreende apenas os Pataxó. Ela explica que 80% da população de Prado é nativa, oriunda de clãs ou famílias dispersas no percurso da história. Em Cumuruxatiba, por exemplo, “existem seis etnias diferentes; grupos, famílias pequenas. Identificamos tudo isso com estudos e pesquisas”, diz Maria Giovanda.

“O ICMBIO ignora, na sua base etnocêntrica, que, assim como na Amazônia, o etnoconhecimento dos indígenas sobre a natureza, desenvolvidos epistemicamente, os alçam a reconhecidos preservadores das florestas. Os Pataxó também demonstram isso”, aponta a professora. Ela explica que a cosmologia Pataxó está atrelada à Mata Atlântica: “Os nomes dos filhos são de pássaros deste bioma e, da mata, eles retiram suas indumentárias, além da alimentação, a mesa farta… não há possibilidade de sustentação do ecossistema Mata Atlântica sem a demarcação da terra Pataxó”, diz Maria Giovanda ao concluir: “Um ambiente não pode ser sustentável com a desterritorialização de 15 mil indígenas, cuja população de crianças chega a oito mil”.

Aldeia Cahy sob ataque

Em agosto de 2015, homens armados invadiram a aldeia Cahy, em Comexatiba, e queimaram uma maloca que continha artesanatos e objetos de uso tradicional e religioso. Em seguida, ocorreu uma série de ataques de pistoleiros e os indígenas chegaram ao ponto de esconder seus filhos em caixas d’água à noite, com medo dos tiros.

No início deste ano, no dia 19 de janeiro, uma ação de reintegração de posse ocorrida na mesma aldeia Cahy surpreendeu dezenas de famílias. Além do posto de saúde e da escola, várias casas foram destruídas, muitas delas com os pertences dos indígenas em seu interior.

Conforme o relato dos indígenas, aproximadamente cem policiais federais, militares e civis, acompanhados de agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado/Mata Atlântica (Caema), chegaram à aldeia às sete horas da manhã, anunciando a reintegração de posse. “Eles deram um prazo para a gente retirar as coisas das casas, mas o prazo não foi suficiente. Mesmo assim, eles tocaram as patrolas por cima, com as coisas dentro mesmo”, afirma Xawã Pataxó, liderança da aldeia Cahy.

“A reintegração aconteceu de surpresa, no dia em que a comunidade estava se organizando para a festa de São Sebastião. A escola estava sendo organizada para o início do ano letivo, e eles tiraram tudo de dentro e jogaram numa área quase um quilômetro longe da aldeia, de fogão a giz de cera. Agora estamos na rua, não sabemos para onde ir”, relata a liderança.

Na decisão proferida pelo juiz Guilherme Bacelar, da Justiça Federal de Teixeira de Freitas (BA), em favor de uma fazendeira da região, contudo, o relatório já publicado pela Funai não seria critério suficiente para impedir a reintegração de posse, e a situação de insegurança e vulnerabilidade em que os indígenas agora se encontram também não foi considerada um problema. “A gente tinha horta lá. É uma parte importante da nossa subsistência o plantio de mandioca, melancia, que a gente vende pro pessoal da cidade. Não sabemos como vamos fazer agora”, afirma a liderança Xawã Pataxó.

Em setembro de 2015, o mesmo juiz decidiu não conceder uma liminar requerida pelo Ministério Público Federal (MPF) em ação civil pública. Na ação, o MPF caracterizava o caso como de “grave omissão” do poder público, em função da insegurança física e jurídica decorrente da demora na demarcação, e solicitava que o juiz Guilherme Bacelar estabelecesse um prazo de 180 dias para o Ministério da Justiça publicar ou manifestar-se sobre a Portaria Declaratória da TI Comexatiba.

*Essa reportagem compõe a edição de janeiro/fevereiro do Jornal Porantim.

Pataxós em luta por Comexatiba

Eu vim pra essas terras bem antes dessa história de parque, ICM não sei o quê. Expulsaram os mais antigos, e depois voltamos tudo pra cá. Essa aldeia Alegria Nova ficava mais pras brenhas da mata. Tá tudo as marca lá pra quem quiser ver. Aqui, nesse pedaço que refez a aldeia que tamo tudo agora, a gente vinha pegar fruta, nossa medicina (…) Prefiro morrer aqui do que ir pra cidade pedir esmola, viver jogada feito cão sem dono. Meus menino tudo tão entregue pra essa luta”. 

Palavras de Ámora Pataxó sobre a luta de seu povo contra os fazendeiros e o Instituto Chico Mendes (estatal), invasores da Terra Pataxó de Comexatiba no sul da Bahia.   Extraído de “O Estado contra o povo Pataxó”, de Renato Santana, CIMI.